Hay borradores de ley que parecen escritos con la tijera en vez de con la cabeza. El llamado Real Decreto XX/2025, por el que se regulan las medidas de gestión de los recursos pesqueros, es uno de ellos. De momento no está aprobado: está en fase de audiencia pública, abierto a alegaciones hasta septiembre, y podría cambiar. Pero si se aprueba tal cual, será un mazazo a la pesca recreativa en España. Otro más.
El golpe a la pesca de a pie
El texto es claro: en su Anexo I, el Gobierno coloca al besugo directamente en la lista negra de especies prohibidas para pesca recreativa en todos los caladeros españoles. Traducido: si eres aficionado y pescas un besugo para la cena, estarías incumpliendo la ley.
La lubina tampoco se libra: prohibida para recreativos en el Cantábrico y Noroeste (Galicia y toda la cornisa cantábrica). Y el pulpo, tanto el común como el moteado, vetados en el Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz.
Mientras, el Anexo II añade a la lista de especies que necesitarán autorización especial a la lubina, el bacalao y el abadejo. Es decir, lo que antes podías pescar con ciertas limitaciones, ahora requerirá más papeleo, permisos y control.
El marcado obligatorio: desconfianza de serie
El borrador también impone un sistema de marcado de capturas que suena más a presunción de culpabilidad que a gestión seria: cortar parte del lóbulo inferior de la aleta caudal de cada pez antes de desembarcarlo, o una de las alas en el caso de sepias y calamares. Según el Ministerio, así se evita que las piezas acaben en el mercado negro. Pero el mensaje de fondo es evidente: “No confiamos en ti, recreativo”.
Lo que el decreto calla
La justificación oficial habla de “sostenibilidad” y de “armonización con la normativa europea”. Y sí, la UE ya ha metido tijera en las posibilidades de pesca de besugo y lubina, pero aquí se va un paso más allá: se criminaliza la pesca recreativa mientras se evita hablar de su aportación económica y social.
España tiene cientos de miles de pescadores recreativos. Compran licencias, embarcaciones, equipos, pagan amarres, llenan restaurantes, hoteles y gasolineras en zonas costeras. Generan empleo indirecto en el turismo y en el comercio. Sin embargo, el decreto los trata como una amenaza en vez de reconocerlos como lo que son: un sector que suma a la economía y que, bien gestionado, puede convivir con la pesca profesional y con la conservación de los recursos.
El doble rasero
Resulta llamativo que se meta la lupa sobre quien pesca dos pulpos para cenar, mientras las flotas industriales siguen operando con cupos que, aunque regulados, multiplican por miles las capturas. El recreativo se convierte en chivo expiatorio, fácil de controlar, mientras el foco real —la sobreexplotación comercial y la falta de vigilancia efectiva en ciertos caladeros— se diluye.
Un decreto que pide pelea
Conviene repetirlo: esto aún es un borrador, está en alegaciones públicas y puede cambiar. Pero lo que se lee ahora mismo es un ataque frontal a la pesca recreativa, envuelto en papel de sostenibilidad y acompañado de un discurso tecnocrático que olvida lo obvio: prohibir a los ciudadanos pescar besugo, lubina o pulpo para autoconsumo no salvará el mar, pero sí puede matar a un sector entero de actividad y de afición.
El mar necesita gestión, sí, pero también equilibrio y sentido común. Lo que hay sobre la mesa parece más un ajuste de cuentas que una norma sensata.
¿Has visto cómo afecta esto en tu zona? ¿Crees que la pesca recreativa debería tener más voz? Cuéntalo en los comentarios, porque el debate aún está abierto.
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