La pesca recreativa en España está en pie de guerra. Lo que para miles de familias es una afición, un motor económico y hasta una forma de vida, para el Gobierno parece haberse convertido en un problema que hay que encorsetar con normas más propias de la pesca industrial. El nuevo proyecto de decreto de pesca recreativa en aguas exteriores, en trámite de consulta pública, ha encendido todas las alarmas en el sector. El Partido Popular gallego, con los diputados Miguel Fidalgo y Jesús María Fernández Rosende al frente, lo ha calificado sin rodeos de “injusto, desproporcionado y discriminatorio” y ha llamado a presentar alegaciones antes del 20 de septiembre.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende que se trata de un texto para “garantizar la sostenibilidad de los recursos”. El problema es que las medidas que plantea tienen poco de equilibrio y mucho de burocracia y prohibición.
El decreto al detalle: prohibiciones que cambian el juego
La norma arranca con una obviedad que nadie discute: la pesca recreativa no puede tener ánimo de lucro y queda prohibida la venta de cualquier captura. Hasta ahí, nada nuevo. Pero a partir de ahí el texto se convierte en un catálogo de restricciones que, según pescadores y asociaciones, amenaza con asfixiar la actividad.
Especies prohibidas o limitadas
El borrador establece un veto total al pulpo común (Octopus vulgaris) en todas las aguas exteriores, tanto en Atlántico como en Mediterráneo. También prohíbe la captura de besugo (Pagellus bogaraveo) en el Cantábrico-Noroeste, donde se fija además una talla mínima de 40 cm para esta especie en el resto de zonas.
El bloque más delicado llega con los atunes y especies altamente migratorias (atún rojo, patudo, pez vela, pez espada, marlín…). Para pescarlas será necesaria una autorización especial vinculada a la embarcación, con validez de tres años, y en cualquier momento la Dirección General podrá imponer la captura y suelta obligatoria. En otras palabras: el pescador recreativo nunca sabrá si puede llevarse la pieza o no, aunque tenga licencia.
También quedan prohibidas para los recreativos todas las especies en planes de recuperación comunitarios, como algunas especies de tiburones, rayas o merluzas juveniles.
Restricciones que no son nuevas, pero ahora pesan más
Conviene aclararlo: buena parte de lo que aparece en el borrador no es un invento de última hora. Las limitaciones sobre los atunes y especies migratorias ya existían desde hace años en reglamentos europeos y acuerdos internacionales como los de la ICCAT. Para capturarlos siempre ha hecho falta una autorización específica y las cuotas estaban muy controladas. Lo que cambia ahora es la forma: la autorización queda vinculada a la embarcación durante tres años, y la Dirección General se reserva la potestad de imponer la captura y suelta obligatoria en cualquier momento, aunque el pescador tenga licencia en regla.
Lo mismo pasa con las especies en planes de recuperación comunitarios: ya estaba prohibido pescarlas, pero esas restricciones estaban pensadas sobre todo para la pesca profesional. El decreto ahora las traslada de manera literal al terreno recreativo, cerrando cualquier resquicio.
En resumen: las prohibiciones no son nuevas, pero al reunirlas todas en un único texto y sumarle más burocracia y sanciones, el Gobierno convierte lo que ya era un marco exigente en una auténtica camisa de fuerza para los aficionados.
Límite de capturas y tallas
El decreto marca un máximo de 5 kg por persona y día, salvo que una sola pieza supere ese peso. Si hay más de cinco licencias en una embarcación, se establece un tope de 25 kg por barco.
Para las especies de “protección diferenciada” (atún blanco, patudo o pez vela), se limita a tres piezas por licencia (con un máximo de un patudo) y solo un pez vela. Las tallas mínimas se equiparan a la pesca profesional: 42 cm para lubina y bacalao en el Cantábrico-Noroeste, además de los 40 cm ya citados para el besugo.
Marcado y burocracia electrónica
Cada captura debe ser mutilada antes de desembarcarla: corte en la aleta caudal de los peces o corte de un “ala” en cefalópodos. Una práctica que pescadores califican de humillante e inútil.
Además, se obliga a realizar una declaración electrónica diaria de todas las capturas, incluso de las que se devuelven al mar. Ningún otro país europeo exige a los aficionados un nivel de papeleo semejante.
Aparejos y métodos
La norma restringe cada licencia a dos cañas, dos líneas de mano, dos curricán y dos poteras, con un máximo total de seis anzuelos. Queda prohibido:
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El uso de artes profesionales (redes, palangres, etc.).
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Más de dos carretes eléctricos.
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Carretes o líneas de más de 80 libras tras el cierre de la campaña del atún rojo.
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Cualquier dispositivo de atracción artificial (FAD, boyas…), salvo algunas excepciones en calamar y brumeo.
Zonas y medios
Quizá la medida más polémica: se prohíbe la pesca recreativa desde artefactos flotantes no considerados embarcaciones. Traducido: fuera los kayaks, paddle surf o cualquier modalidad que no sea desde un barco “oficial”.
Y por supuesto, se veta pescar en reservas marinas o espacios naturales protegidos, salvo que la normativa específica lo permita.
Críticas del sector y del PP
El PP gallego ha sido el primero en elevar el tono. Denuncia que el decreto carece de base científica y que golpea de lleno a quienes ya cumplen con vedas y tallas mínimas. Según el diputado Fidalgo, la clave no está en prohibir, sino en “respetar las vedas y los tamaños de los peces”.
Las asociaciones de pescadores recreativos van más allá: hablan de un texto redactado de espaldas al sector y que, si entra en vigor tal cual, “acabaría con la pesca recreativa tal y como se conoce”. Critican la prohibición de pescar desde kayak, la mutilación obligatoria de las piezas y los límites de aparejos como medidas absurdas. Reclaman que se elabore una norma consensuada, con participación de pescadores, distribuidores y puertos deportivos, y que se enfoque en la pesca responsable, no en criminalizar a los aficionados.
El peso económico que el decreto ignora
Los números desmontan la idea de que la pesca recreativa sea marginal. En España hay más de un millón de pescadores recreativos, con un gasto medio de 1.500 € al año en licencias, combustible, material, alojamiento y restauración. En total, unos 1.500 millones de euros anuales para la economía.
En Canarias, un estudio del propio Ministerio concluyó que la pesca recreativa genera 117 millones de euros, frente a menos de 9 millones de la pesca profesional. Además, los propietarios de embarcaciones recreativas gastan de media 13.480 € al año en su actividad.
El turismo de pesca deportiva tampoco es menor: solo los extranjeros atraídos por el atún rojo podrían dejar entre 20 y 40 millones de euros anuales si se asignara una pequeña parte de la cuota.
Pese a estas cifras, el decreto los trata como un estorbo que hay que limitar al máximo, mientras el verdadero impacto ambiental lo generan los grandes barcos industriales.
Voces desde el mar
En la petición pública y en redes abundan testimonios de pescadores indignados:
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“Pescar en kayak forma parte de nuestra cultura; prohibirlo es injusto. Un barco con red captura 60.000 kg de lubina en ocho horas, mientras que un aficionado apenas se lleva un par de piezas”, señala un antiguo marinero.
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“Nos limitan a dos cañas y seis anzuelos cuando respetamos vedas y tallas. La ley castiga al que actúa de manera responsable”, escribe una pescadora gallega.
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“No podremos transmitir a nuestros hijos nuestra afición. Exigimos que se retire la prohibición de pescar desde kayaks o paddle surf”, reclama un aficionado andaluz.
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Otros critican que recortar aletas o alas es una medida inútil y humillante, que impide devolver las piezas vivas al mar.
Todas estas voces coinciden en lo mismo: el decreto golpea al eslabón más débil y desatiende el verdadero problema, la sobrepesca industrial.
Conclusión: ciencia, consenso y sentido común
El proyecto de decreto de pesca recreativa en aguas exteriores se presenta como una apuesta por la sostenibilidad, pero huele más a desconfianza hacia los aficionados que a gestión equilibrada. La ciencia brilla por su ausencia, el consenso también, y la burocracia y las prohibiciones se imponen como norma.
El PP, junto a asociaciones y federaciones, reclama que se frene esta deriva y se redacte una norma que involucre a todos los actores. La fecha límite del 20 de septiembre es la última oportunidad para presentar alegaciones y evitar que la pesca recreativa quede reducida a una caricatura controlada por papeles y mutilaciones.
¿Vas a dejar que te quiten tu derecho a pescar de forma recreativa? Haz oír tu voz y presenta tu alegación antes de que sea demasiado tarde.
¿Y tú? ¿Crees que este decreto protege el mar o solo complica la vida a los que lo disfrutan con respeto? Comparte tu opinión y hagamos ruido antes de que sea tarde.
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